Los agricultores y ganaderos aragoneses disponen de una nueva herramienta de asesoramiento para gestionar sus explotaciones, gracias a la iniciativa del Gobierno autonómico que ha puesto en marcha. Dotada con 3,5 millones euros, y vinculada al propio sector a través de las Opas y las Cooperativas, esta innovación institucional afronta el reto de mejorar la rentabilidad de las explotaciones mediante la transferencia y aplicación de los nuevos conocimientos tecnológicos y de gestión.

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón ha firmado un contrato marco con 8 entidades seleccionadas por 3,5 millones de euros hasta 2020. El objetivo es asegurar una transferencia de conocimiento eficaz hacia el sector que permita asentar los avances tecnológicos actualmente existentes y con ello mejorar la renta de los agricultores.

Se trata de un sistema que el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha definido como la “Extensión Agraria del S.XXI” que tiene como protagonistas a los sindicatos y las cooperativas que son “la parte del sector más próxima a los agricultores”. Asimismo, ha explicado que esta cifra se suma a otras partidas destinadas a la formación, innovación y transferencia del conocimiento y que en total configuran 17 millones de euros a disposición del sector en esta materia en la legislatura”.

Está abierto a todos los agricultores y ganaderos aragoneses, siendo los beneficiarios de la incorporación al sector y de los planes de mejora de exploraciones el colectivo preferente del asesoramiento. Dicho sistema será voluntario para aquellos agricultores que decidan adherirse y contará con una subvención en sus costes del 80 % con cargo al Gobierno de Aragón, mientras que el 20% restante del coste lo asumirá cada agricultor.

El objetivo es asegurar una transferencia de conocimiento eficaz hacia el sector que permita asentar los avances tecnológicos actualmente existentes, lo que redundará en la optimización de insumos y, por tanto, la mejora de la renta agraria. Pero el asesoramiento se ha concebido de un modo transversal, es decir, no únicamente afectará a aspectos técnico-productivos, sino también a otros de cumplimiento de normativa europea en materia de medioambiente, bienestar animal, o seguridad alimentaria, o los cada vez más necesarios conocimientos de gestión económico-financiera de la propia explotación agraria.

El procedimiento de puesta en marcha del nuevo sistema, ha tenido una especial dificultad tanto para las administraciones españolas como para otras de determinados países europeos, dado que normativa que la Unión Europea estableció para su desarrollo no fue la vía clásica subvencional con criterios de concurrencia, sino la de celebración de licitaciones públicas de acuerdo con la normativa de contratación. En este escenario, hasta la fecha en España únicamente una Comunidad Autónoma había puesto en marcha este mecanismo novedoso, a la que ahora se suma Aragón.

Joaquín Olona y represantantes de entidades firmantes

El contrato marco firmado con las ocho entidades de asesoramiento que han superado el procedimiento de licitación pública, cuenta por parte de la administración aragonesa con un montante de 3,5 millones de euros para el conjunto de los años 2018, 2019 y 2020.Ya se ha publicado una Orden del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en la que cada agricultor que desee adherirse al sistema, podrá elegir durante un mes qué entidad de las seleccionadas quiere que le asesor en función de sus preferencias o incluso del precio ofertado.

Una vez la Administración disponga ya de los candidatos que se hayan decantado por cada una de las entidades de asesoramiento, y tras un procedimiento de concurrencia competitiva en el caso que el número de interesados superara las dotaciones económicas, se procederá a formalizar los contratos derivados entre la administración y cada una de las entidades, las cuales estarán obligadas de acuerdo con el pliego de contratación, a ofrecer un asesoramiento integral y de calidad a cada agricultor. Calidad que será asegurada por los controles que deberá implementar la administración.

Serán los jóvenes agricultores incorporados al sector los que tengan prioridad a la hora de poder participar en el sistema. Siendo que aquellos jóvenes agricultores que han tenido acceso previo a ayudas para su incorporación, tendrán una vía económicamente inmejorable para cumplir el requisito de asesoramiento durante cinco años al que se ven obligados también por la normativa europea.

Las ocho entidades seleccionadas son cuatro Organizaciones Profesionales: UAGA, ASAJA, UPA y ARAGA. Así como otras cuatro entidades cooperativas: Cereales Teruel, Arento (que a su vez integran cuatro cooperativas), Cooperativa de los Monegros y Oviaragón.