Todos los partidos, salvo el Grupo Popular, han aprobado en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados dos proposiciones no de ley (PNL) para reactivar y dotar de presupuesto en una fase a la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, previa presentación de dos informes actualizados, uno de seguimiento y evaluación sobre la ejecución del primer Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que desarrolló esta norma, y otro sobre el impacto de las medidas.

En la primera PNL, a propuesta del Grupo Socialista, aprobada por 25 votos a favor, 17 en contra y una abstención, se insta al Gobierno al desarrollo y reactivación de dicha Ley,  procurando su actualización para afrontar los nuevos retos y problemas del medio rural de nuestro país, así como una dotación presupuestaria suficiente y adecuada del Magrama.

La segunda PNL, a propuesta del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha salido adelante por 27 votos a favor, 15 en contra y una abstención. En la misma se reclama al Gobierno un informe de seguimiento y evaluación de las actuaciones ejecutadas en el primer Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, así como un informe del impacto de las medidas.

Los grupos políticos consideran «urgente reactivar la ley, porque es un gran instrumento para dar valor a las zonas rurales, dotándolas de herramientas con las que se evite la despoblación, el envejecimiento y la discriminación de la mujer en el medio rural», según ha señalado la diputada socialista, Mónica Lafuente, quien,  además, considera que con la llegada del PP al Gobierno y su “patente insensibilidad”, se ha agravado doblemente la crisis que ya sufrían los territorios rurales,  los pequeños municipios y los municipios de montaña.

A su juicio, España necesita una política de Estado para el medio rural, que garantice servicios suficientes y de calidad en el territorio.

El diputado de Podemos, Pedro Arrojo, ha criticado, por su parte, la invisibilidad que para el Ejecutivo ha tenido el desarrollo sostenible del medio rural, y ha demandado un informe sobre la aplicación inicial de la Ley 45/2007 para que el próximo Gobierno, sea cual sea, tenga datos precisos para afrontar la segunda fase.

Los dos grupos proponentes han abogado por desarrollar la citada Ley 45/2007, con la participación del conjunto de las instituciones, con medidas complementarias en las políticas europeas de Desarrollo Rural, y buscando la mejora de la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y su acceso a servicios suficientes y de calidad, con atención preferente a las mujeres y los jóvenes.