El Gobierno regional de Castilla-La Mancha tenía previsto enviar este mismo mes de julio a la Comisión Europea una modificación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, que cuenta con unos 1.500 millones de euros para los próximos años, según el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.

Entre las modificaciones se encuentra la apuesta por los jóvenes agricultores, con un incremento de la ficha financiera de 31 millones de euros “para hacer frente a todas las demandas de jóvenes que se quieran incorporar a la agricultura”, así como la inclusión de medidas agroambientales, que no fueron planteadas en su momento y que demanda el propio sector, como son los casos de una línea específica las razas autóctonas,  otra para el pastoreo en extensivo y otra para razas en peligro de extinción, así como de apuesta por las variedades vegetales en riesgo.

Estos cambios van a ayudar a que el sector agrario regional sea más competitivo, según Martínez Arroyo, “porque el  PDR, tal y como estaba hace un año no era la mejor herramienta para incrementar la competitividad”.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha solicitó a la Consejería  que los cambios en la planificación financiera del PDR no afecten a los agricultores profesionales, ni a las explotaciones agrarias.

En concreto, ASAJA considera que la dotación presupuestaria para medidas como la incorporación de jóvenes agricultores o la agricultura ecológica es claramente insuficiente, señalando que estas acciones, junto con la de conservación de los cultivos extensivos de secano, deben ser pilares fundamentales en los que se debe basar la programación de desarrollo rural en la región en los próximos años.

Retraso en los Grupos de Desarrollo Rural

Por otro lado, el presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), José Juan Fernández, expresó su preocupación ante el nuevo retraso en la selección de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y “el parón que esto supondrá en el desarrollo de los territorios”. Una preocupación que ya ha trasladado personalmente al director general de Desarrollo Rural, Nicasio Peláez.

Fernández explicó que la resolución provisional que la Dirección General de Desarrollo Rural envió ayer a los 29 Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y a Recamder, junto al nuevo plazo de alegaciones que se abre ahora, hacen imposible que los convenios entre la Consejería de Agricultura y los Grupos se firmen en este mes de julio, como inicialmente estaba previsto.

“Esta situación impide que los GDR puedan comenzar a dar respuesta a promotores que llevan prácticamente dos años esperando para poder invertir en el ámbito rural”, indicaba el presidente de Recamder quien añadía que el nuevo retraso supone “una dificultad añadida para que los Grupos puedan dinamizar la economía de los pueblos más rurales de Castilla-La Mancha, que son los que encuentran mayores dificultades para desarrollarse económicamente y fijar población”.

José Juan Fernández recalcó que este nuevo parón en la puesta en marcha de la programación 2014/2020 también supone un obstáculo añadido a las dificultades de financiación de los Grupos de Desarrollo Rural, “cuya situación económica comienza a ser extremadamente grave”.

Por todo ello, el presidente insistió en la necesidad de agilizar la resolución definitiva y la firma de los convenios con los GDR  “para que el medio rural de la región se ponga en marcha y salgan adelante proyectos que generen empleo en nuestros pueblos, que mejoren las infraestructuras y que eviten el despoblamiento”.

Fernández reclamó a la Dirección General de Desarrollo Rural que se tomen las medidas necesarias para que el nuevo programa empiece a funcionar ya y que busquen fórmulas para compensar los perjuicios que este nuevo retraso genera en la economía de los Grupos de Desarrollo Rural.

“Los Grupos no pueden seguir siendo el “patito feo” del Desarrollo Rural, porque ellos son los que mejor conocen el territorio y los que tienen mayor capacidad para conseguir que los fondos Leader cumplan con su función”, afirmó José Juan Fernández.

En este sentido, informó de la necesidad de dotar a los grupos de más recursos para gastos de funcionamiento y ha pedido a la Consejería que deje de considerar a los GDR como beneficiarios finales de unos fondos que recaen principalmente en promotores privados, que son los que ponen en marcha proyectos productivos y generadores de empleo y riqueza.

Fernández hizo hincapié en la importancia de mejorar la comunicación entre la Dirección General de Desarrollo Rural y Recamder, puesto que la Red regional es el mejor instrumento para trasladar a la Administración las necesidades reales de estos Grupos, con el fin de que estos puedan desarrollar su labor.