El Parlamento Europeo ha respaldado esta semana poner límite a la producción de biocombustibles derivados de cultivos y acelerar el tránsito a fuentes alternativas. «El objetivo es recortar las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el aumento del uso de tierra agrícola para la producción de biocombustibles», apuntan.
El uso de tierra agrícola para la producción de biocombustibles reduce el espacio disponible para el cultivo de alimentos. Esto incrementa la presión para liberar más tierra, por ejemplo mediante la deforestación, para cultivar comida (un proceso conocido como «cambio indirecto en el uso de la tierra» –ILUC, en sus siglas en inglés–). Dado que la deforestación incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero, esto puede anular parte o incluso la totalidad del impacto beneficioso de la utilización de biocombustibles.
La Eurocámara lleva reclamando desde el año 2008 que el factor ILUC sea tenido en cuenta en el diseño de la política comunitaria de biocombustibles, en un periodo en el que la producción de biocombustibles en tierras de cultivo ha recibido subsidios de hasta 10.000 millones de euros anuales.
«Hemos logrado adoptar un documento muy técnico, tecnológico e ideológico”, aseguraba el ponente del texto legislativo, Nils Torvalds (ALDE, Finlandia), tras el voto favorable del Parlamento el pasado martes 28 de abril, aunque añadía: «nuestro objetivo era mucho más ambicioso, tanto en términos de reducción de gases de efecto invernadero como de progreso tecnológico. Si Europa no da un paso hacia adelante, se quedará rezagada».
Los biocombustibles de primera generación a examen
La legislación actual exige a los países de la UE asegurar que las fuentes renovables representen al menos el 10% del consumo energético del transporte en 2020. La nueva ley establece que:
- Los combustibles de primera generación (obtenidos a partir de cultivos en tierra agrícola) no deberían sumar más del 7% del consumo energético del transporte en 2020.
- Los distribuidores de combustible deben informar a los países y a la Comisión del nivel estimado de gases contaminantes causados por el “cambio indirecto en el uso de la tierra” (ILUC, en inglés), es decir, liberar más terreno para cultivar alimentos y compensar así lo destinado a la producción de biocombustibles.
- La Comisión tendrá que publicar los datos de emisiones ILUC.
- La Comisión también deberá informar al Parlamento y al Consejo sobre el impacto de incluir las cifras de emisiones ILUC en los criterios actuales de sostenibilidad.
En un plazo máximo de dieciocho meses tras la entrada en vigor de la Directiva, los Estados miembros tendrán que fijar un objetivo nacional del peso de los biocombustibles avanzados –por ejemplo, los procedentes de algunos tipos de deshechos, así como los obtenidos de fuentes alternativas como las algas– en relación al total utilizado por el transporte.
Los Estados miembros disponen de plazo hasta 2017 para adaptar esta Directiva a su legislación nacional.