La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura abonó más de 12 millones de euros a 8.000 agricultores, procedentes de las ayudas destinadas a compensar a los profesionales agrícolas, cuyas explotaciones están situadas en zonas con desventajas naturales.
Se trata de subvenciones cofinanciadas por el FEADER comunitario, con las que se compensa la pérdida de renta y se posibilita la utilización sostenible de la tierra, según la Junta regionales. Su objetivo es también contribuir al uso y conservación de las tierras de interés agrario y a la sostenibilidad de los sistemas agrícolas respetuosos con el entorno natural.
Son beneficiarias, de este modo, tanto las tierras cuya gestión está ligada a preservar y mejorar el medio ambiente y rural, como su potencial turístico.
De acuerdo a la normativa vigente por la que se conceden estas ayudas, tienen la consideración de zonas con desventajas naturales aquellas explotaciones situadas en áreas con condiciones climáticas difíciles o con problemas de accesibilidad, como el hecho de estar en zonas con pendientes, demasiado escarpadas que requieren el uso de equipos costosos.
Esta medida se enmarca en el Eje 2 “Mejora del Medio Ambiente y Rural” del PDR de Extremadura del periodo 2007-2013.
Asesoramiento
Por otra parte, a casi dos millones de euros asciende la ayuda para 7.000 titulares de explotaciones agrarias en 2015 para hacer frente al pago de servicios de asesoramiento destinados a evaluar la rentabilidad global y comportamiento ambiental de sus explotaciones, y en su caso proponer mejoras de las condiciones existentes.
Con el pago de esta última partida se completan totalmente las ayudas de siete millones de euros destinadas a asesoramiento y procedentes en un 75% de la Unión Europea, a través del FEADER.
Unas ayudas que han supuesto el pago de un máximo de 1.500 euros por servicio de asesoramiento durante tres años consecutivos, y que representa el 80% del coste del mismo, de acuerdo a los requisitos legales de gestión y de evaluación de la rentabilidad y comportamiento ambiental de la explotación agraria de la que el beneficiario es titular.
