La Consejería de Economía y Hacienda lanza una convocatoria de préstamos participativos, dotada de 1.7 millones de euros, dirigida a financiar proyectos innovadores de pequeñas y grandes empresas en Castilla y León y que así el sector gane en competitividad y valor añadido.
Los fondos están destinados a sufragar nuevos proyectos que permitan la incorporación de la innovación a las pequeñas y medianas empresas y la consolidación de las pymes innovadoras y/o con base tecnológica, ya que se trata de un factor determinante para el desarrollo económico de Castilla y León.
La iniciativa pretende paliar la dificultad a la que se enfrentan los emprendedores a la hora de obtener financiación en el mercado. Para ello, la Junta, con recursos del Ministerio de Economía y Competitividad, les facilita el acceso al crédito a través de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE).
La financiación puede destinarse tanto a favorecer la innovación como a la industria 4.0, es decir, a propiciar una manera distinta de organizar los medios de producción mediante la introducción de la tecnología digital en el sector, de la mano de grandes avances tecnológicos como el Internet de las cosas, el ‘big data’ o la multiplicación de canales digitales, entre otros.
Solicitudes hasta el próximo 30 de octubre
Las compañías interesadas a acceder a los préstamos pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 30 de octubre. El formulario de solicitud está disponible en la sede electrónica de la Junta en Internet, a la que se puede acceder a través de la web www.tramitacastillayleon.jcyl.es .
Entre los requisitos que deben cumplir las pymes innovadoras y / o de base tecnológica interesadas es contar con un plan de negocio para su crecimiento y consolidación.
Los préstamos participativos proporcionarán una financiación de entre 50.000 y 250.000 euros a las empresas, con el límite del 50 % del coste del plan de negocio, a un tipo de interés que no podrá superar los 8 puntos porcentuales y que consta de dos tramos: uno fijo, de Euribor + 1,5 puntos porcentuales, y otro variable, en función de la evolución de la compañía. El plazo de amortización podrá extenderse hasta los 7 años y existe la posibilidad de establecer un periodo de carencia de 24 meses.