La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha avanzado que el Gobierno y las CC.AA. vienen trabajando en el diseño de un instrumento financiero de préstamos y garantías a los jóvenes agricultores y ganaderos, que hagan más accesible tanto el acceso al crédito, como el poder contar con liquidez suficiente para anticipar inversiones o afrontar los pagos más perentorios en las fases de inicio de la actividad en su explotación agraria.

García Tejerina que hacía estas declaraciones en el marco de la jornada “Nueva PAC 2015-2020: retos y oportunidades”, organizada el pasado 9 de junio por el diario económico Expansión, con el patrocinio del Grupo Caja Rural, explicaba además que el joven (igual o menor a 40 años) que acceda a la actividad podrá optar a las primas del segundo pilar (Desarrollo Rural) de la PAC, desde 30.000 € hasta un máximo de 70.000 euros por beneficiario, ligadas a la aprobación y desarrollo de un plan empresarial específico en su explotación, que conlleve inversiones en activos físicos para mejorar los rendimientos productivos, la comercialización y/o la contratación de servicios de asesoramiento.

Junto a este prima, se concederá una ayuda complementaria sobre un máximo de 90 derechos de pago básico activados del primer pilar de la PAC, durante 5 años, a partir del primer año de la instalación (España destinará un 2% del presupuesto total para estos pagos por importe de más de 93 M€ al año); la prioridad de concesión de derechos gratuitos de pago de la Reserva Nacional y, además, desgravaciones fiscales durante los primeros cinco años de actividad.

El Gobierno, según Tejerina, se ha marcado como objetivo incorporar 15.000 jóvenes en el periodo 2014-2020, lo que de lograrse, supondría incrementar un 50% las incorporaciones habidas entre los años 2006 a 2013.

Esta cifra supone alrededor de un 10% del objetivo de incorporación de jóvenes en toda la UE, unos 155.000 durante todo el periodo, a los que se destinarán 5.000 millones de euros, según afirmó en la misma jornada Ricard Ramon i Sumoy, funcionario de la DG Agri de la Comisión Europea. De este importe total, unos 492 M€, casi un 6% del total de los fondos FEADER, correspondería a España, según Begoña Nieto, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Magrama.

Y es que la falta de relevo generacional es un problema acuciante del campo español, que no puede esperar a solucionarse. Antonio León, presidente de la Caja Rural de Granada, afirmó que es necesario un enfoque trasversal e integral para afrontar este asunto y señaló que en la Unión Europea por cada agricultor de menos de 35 años, hay 9 que cuentan con más de 55 años. En España, la situación es peor, ya que por cada agricultor de menos de 35 años, hay 14 que superan los 55 años.

Más medidas

Begoña Nieto, por su parte, no se mostró tan pesimista y afirmó que el problema de la incorporación de jóvenes al campo es más de índole sociológica, más difícil de modificar a corto plazo, que económica, porque con la nueva reforma de la PAC se cuenta con muchas más medidas de apoyo tanto del primer pilar (pagos directos), como del segundo pilar (primas de incorporación). Además, afirmó que ha habido un cambio espectacular en el sector agrario español en los últimos 30 años, y que los jóvenes que ahora se instalan son más profesionales, están mejor formados y cuentan con explotaciones más dimensionadas, modernas y tecnificadas, que entonces.

Además de los fondos públicos destinados a este colectivo, hay otras iniciativas que se apuntaron en la Jornada, como la necesidad de utilizar instrumentos financieros, como plantea la CE, para facilitar el acceso al crédito y las inversiones agrarias (mejor acceso a la tierra y mejora de regadíos); apoyo a la formación de jóvenes; fondos de tierras disponibles, etcétera.

Una petición que se realizó también en la citada Jornada es la urgente necesidad de que se pongan en marcha medidas para que la gestión administrativa de resolución de los expedientes de ayuda al sector y, en especial, los que presenta el colectivo de agricultores jóvenes, sea muchísimo más ágil, más simple y más eficaz. De forma que los trámites sobre estas solicitudes de ayuda no se alarguen tanto en el tiempo que contribuyan, más que a incentivar, a desincentivar las inversiones y el desarrollo de la propia actividad agraria.