La Comisión Europea ha pedido formalmente a España que garantice la correcta aplicación de la Directiva sobre fuentes de energía renovables (2009/28/CE), en particular en lo que se refiere a los biocarburantes.

La Directiva incluye disposiciones fundamentales para la consecución de los objetivos de alcanzar una cuota del 20% de energías renovables en el consumo final de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% antes de 2020, en comparación con los niveles de 1990.

Asimismo, incluye disposiciones clave en las que se establecen objetivos individuales en relación con la cuota global de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía de cada Estado miembro y para alcanzar el objetivo de una cuota del 10% de energías renovables en el transporte.

Los biocarburantes pueden utilizarse para lograr este objetivo, pero tienen que cumplir determinados requisitos de sostenibilidad: no pueden proceder de zonas con un alto grado de biodiversidad, como sería el caso de zonas protegidas o de zonas que contienen grandes reservas de carbono (p. ej., zonas forestales o turberas). También deben ahorrar muchas más emisiones de gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles.

Contrariamente a lo previsto en la Directiva, la legislación española suspende la aplicación de los criterios de sostenibilidad en España para la consecución del objetivo fijado en el transporte.

Además, la legislación española trata los biocarburantes sostenibles y las materias primas de diferentes orígenes geográficos de forma diferente de manera injustificada.

La Comisión ha abordado problemas similares en los procedimientos de infracción contra Polonia y Portugal